Cuando se produce una operación de pago no autorizada, el banco debe devolver el dinero de inmediato y, como máximo, al final del siguiente día hábil. Alegar una posible negligencia grave del cliente no permite retrasar ese reembolso. Si la entidad considera que existió, deberá acreditarla después y reclamar la cantidad.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha precisado este criterio en su sentencia de 15 de octubre de 2026, dictada en el asunto C-70/25. La resolución es relevante para quienes sufren una ciberestafa y se encuentran con la negativa de su banco a devolverles el importe porque, supuestamente, no protegieron sus claves con suficiente diligencia.
La cuestión tiene también un impacto económico millonario para la banca europea y española. Según los datos del Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el Banco de España, el importe defraudado en el Espacio Económico Europeo alcanzó los 4.200 millones de euros en 2024, un 17% más que el año anterior, con más de 300 millones solo en España.
Las transferencias y las tarjetas concentran la mayor parte del fraude. Además, el Banco de España señala que el importe medio de las transferencias fraudulentas aumentó un 42% en el primer semestre de 2025, en un contexto de estafas cada vez más frecuentes y sofisticadas.
¿Cuándo debe el banco devolver el importe de una operación?
Según la normativa de servicios de pago, una operación está autorizada cuando el ordenante ha dado su consentimiento para ejecutarla. Si no existe ese consentimiento, se considera no autorizada.
En este último caso, la entidad debe devolver el importe de inmediato y, a más tardar, al final del día hábil siguiente a aquel en que tenga conocimiento de la operación o reciba la notificación. Es la regla que sigue el Banco de España en su doctrina, con una única salvedad: la sospecha fundada de fraude, que la entidad debe comunicar al supervisor.
El reembolso inicial y la responsabilidad final por la pérdida son cuestiones distintas. Primero debe devolverse el dinero; la discusión sobre quién debe soportar finalmente el perjuicio se resuelve después.
¿Qué ha resuelto el TJUE en el asunto C-70/25?
La sentencia de 15 de octubre de 2026 analiza el caso de una clienta de un banco polaco que había puesto un artículo a la venta en una plataforma de internet. Un estafador se hizo pasar por comprador y le envió un enlace a una web que simulaba la de su banco. La víctima introdujo sus claves de banca electrónica y el defraudador las utilizó para transferir unos 700 euros a su propia cuenta.
La clienta avisó al banco al día siguiente. Sin embargo, la entidad se negó a devolverle el dinero porque consideraba que había incumplido su obligación de custodiar el instrumento de pago con la debida diligencia y de no facilitarlo a personas no autorizadas.
El TJUE entendió que ese argumento no permitía rechazar el reembolso inmediato. El banco no puede retrasar, congelar o denegar la devolución de una operación no autorizada por sospechar que el cliente actuó con negligencia grave.
Solo después de devolver el dinero, y si reúne pruebas de que el usuario actuó con fraude o negligencia grave, puede reclamarle la cantidad. La sentencia cambia así el orden que seguían muchas entidades: denegar el reembolso y obligar al cliente a acudir a los tribunales para recuperar sus fondos.
La resolución interpreta la Directiva europea de servicios de pago. Su aplicación en España depende de cómo la asuman las entidades, los tribunales y el Banco de España, que ha anunciado que estudia su contenido para, en su caso, emitir indicaciones al sector.
¿Quién debe probar la negligencia grave del cliente?
La entidad no puede dar por sentada la negligencia del usuario: le corresponde acreditarla. En España, el Tribunal Supremo ha recordado que utilizar las credenciales o los mecanismos de autenticación reforzada no basta, por sí solo, para demostrarla.
Entre las conductas que los bancos suelen invocar como negligencia grave figuran anotar la clave junto a la tarjeta, facilitar por teléfono un código de un solo uso o instalar una aplicación de control remoto a petición de un desconocido.
Según el criterio comentado, esas conductas no permiten evitar el reembolso inicial, aunque pueden servir de fundamento para una reclamación posterior de la entidad.
Cuanto más sofisticado sea el engaño, más difícil resultará para el banco probar una negligencia grave. Por eso, conviene conservar toda la documentación que permita explicar cómo se produjo el fraude.
¿Qué ocurre si el propio cliente ordenó la operación bajo engaño?
La sentencia analiza una operación no autorizada: fue el estafador quien ejecutó la transferencia con las claves obtenidas. Las entidades sostienen que el régimen de reembolso inmediato se limita a este tipo de operaciones.
El debate sigue abierto cuando es el propio cliente quien ordena el pago porque un tercero le engaña haciéndose pasar por un empleado del banco, una entidad pública o un familiar. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando alguien pide dinero por Bizum simulando ser un hijo o un nieto.
Las asociaciones de usuarios consideran que, en estas situaciones, la distinción entre operación autorizada y no autorizada es débil, porque el consentimiento se ha prestado bajo engaño.
Si ordenaste el pago como consecuencia de una estafa, no debes dar por perdido el reembolso ni por seguro que procede. Es necesario analizar las circunstancias y reclamar sin demora.
¿Qué plazos debes tener en cuenta para reclamar?
Los principales plazos que conviene tener presentes son:
- Trece meses desde el cargo para comunicar a la entidad una operación no autorizada.
- Quince días hábiles para que la entidad responda a la reclamación.
- Un año desde la presentación de la reclamación ante la entidad para acudir al Banco de España, una vez que el banco la haya desestimado total o parcialmente o haya transcurrido sin respuesta el plazo general de quince días hábiles aplicable a las reclamaciones sobre servicios de pago.
- Cinco años para ejercitar la acción judicial antes de que prescriba.
En la práctica, el aviso debe hacerse lo antes posible y por un medio que deje constancia. El plazo de devolución comienza cuando la entidad conoce la operación.
Los trece meses constituyen un límite máximo. Retrasar la comunicación facilita que el banco cuestione la diligencia del cliente y dificulta bloquear los fondos y recuperar el dinero.
¿Se pueden revisar reclamaciones anteriores?
La sentencia refuerza las reclamaciones anteriores que sigan vivas, pero no reabre automáticamente los procedimientos ya firmes.
Quienes vieron rechazado un reembolso por una supuesta negligencia grave podrían volver a plantear su reclamación si se cumplen los requisitos legales y no han transcurrido los plazos aplicables.
Si sufriste un fraude en los últimos años y tu entidad denegó la devolución, conviene revisar la documentación y el estado del procedimiento antes de que venza el plazo de prescripción.
¿Qué papel tienen las operadoras y las plataformas digitales?
La prevención no recae únicamente en los bancos. Muchas estafas se preparan fuera de su entorno, mediante llamadas, mensajes, correos electrónicos o plataformas digitales que suplantan identidades.
El futuro Reglamento europeo de servicios de pago contempla la colaboración entre empresas y la ampliación de las exigencias de prevención a operadores de telecomunicaciones y empresas tecnológicas.
En España, los operadores están obligados a bloquear determinadas llamadas y mensajes que utilizan numeraciones manipuladas. También existe un Registro de Alias gestionado por la CNMC para evitar que se suplante el nombre de un banco en mensajes de texto.
¿Qué hacer si has sido víctima de una ciberestafa?
Actuar con rapidez y conservar las pruebas es fundamental. Las principales actuaciones recomendadas son:
1. Avisar de inmediato a la entidad. Comunicar la operación por un medio que deje constancia y bloquear las tarjetas y los accesos.
2. Solicitar el reembolso por escrito. Reclamar la devolución del importe no autorizado, a más tardar al final del siguiente día hábil.
3. Guardar las pruebas. Conservar capturas, mensajes, correos, enlaces, números de teléfono y justificantes de la operación.
4. Presentar denuncia. Guardar una copia junto con el resto de la documentación.
5. Acudir al Banco de España cuando corresponda. Si el banco rechaza total o parcialmente la reclamación o no responde en quince días hábiles, acudir al Banco de España antes de que pase un año desde la reclamación inicial al banco.
6. Consultar antes de aceptar un acuerdo. Solicitar asesoramiento al despacho antes de firmar una renuncia o un acuerdo que limite tus derechos.
¿Qué deben revisar las empresas y los autónomos?
Además de conocer cómo reclamar, conviene revisar las condiciones bancarias y las medidas internas de prevención:
1. Comprobar el contrato con la entidad. Revisar si incluye condiciones específicas para clientes no consumidores.
2. Establecer controles sobre los pagos. Implantar medidas como la doble autorización y los límites por operación en pagos y transferencias.
3. Formar al personal. Explicar los fraudes más comunes a quienes tienen acceso a la banca electrónica.
4. Definir un protocolo de respuesta. Establecer cómo actuar de inmediato ante una operación sospechosa.
Reclama con información y protege los fondos de tu empresa
Ante una operación de pago no autorizada, la entidad debe devolver el importe de inmediato y, como máximo, al final del siguiente día hábil, sin retrasarlo por una sospecha de negligencia grave del cliente. Si considera que existió esa negligencia, le corresponde probarla y reclamar después.
La sentencia del TJUE de 15 de octubre de 2026 consolida este criterio, aunque deja abiertas cuestiones como las operaciones autorizadas bajo engaño. Por eso, conviene actuar con rapidez, conservar la documentación y estudiar cada caso de forma individual.
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