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La hostelería ya no puede permitirse improvisar

30 Oct, 2026

La hostelería es uno de los sectores en los que la gestión de las relaciones laborales presenta mayores dificultades. La rotación de personal, los horarios, la organización de los turnos y la necesidad de responder con rapidez a las exigencias del servicio obligan a las empresas a tomar decisiones que deben ajustarse a una normativa laboral cada vez más exigente.

La modificación del VI Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (VI ALEH), publicada en el BOE el pasado 4 de septiembre, introduce cambios que afectan directamente a esta realidad. El acuerdo, suscrito por Hostelería de España, CEHAT, FeSMC-UGT y CCOO Servicios, establece su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030 y actualiza cuestiones que necesitaban una regulación más precisa.

Entre las novedades destacan dos con especial incidencia en la gestión empresarial: la audiencia previa al despido disciplinario y la actualización de las faltas relacionadas con el teléfono móvil, las redes sociales y el registro de jornada.

La sentencia 1250/2024 del Tribunal Supremo, de 18 de noviembre, modificó la tramitación de los despidos disciplinarios al reconocer la aplicación directa del artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo. Desde entonces, las empresas deben ofrecer al trabajador la posibilidad de defenderse de los hechos imputados antes de adoptar la decisión extintiva, salvo las excepciones previstas.

La dificultad práctica residía en determinar cuánto tiempo debía concederse para que esa audiencia fuera efectiva. La ausencia de un plazo concreto generaba incertidumbre para empresas y asesores. El nuevo artículo 41.3 del VI ALEH introduce una referencia expresa. La empresa deberá comunicar por escrito los hechos imputados y conceder dos días para presentar alegaciones, directamente o mediante representación. Durante ese periodo, el trabajador podrá continuar prestando servicios o ser apartado temporalmente de su puesto, conservando en este último caso su retribución.

Consideramos positiva esta regulación porque facilita la planificación de los procedimientos y proporciona mayor seguridad jurídica. Sin embargo, cabe preguntarse si dos días serán suficientes cuando los hechos sean complejos o resulte necesario reunir documentación y testimonios.

La audiencia debe permitir una defensa efectiva. Por ello, resulta aconsejable valorar las circunstancias de cada caso y preparar adecuadamente la imputación. Una comunicación genérica, sin fechas ni hechos precisos, puede comprometer la posterior defensa empresarial. Uno de los errores más frecuentes es describir los hechos de forma imprecisa. La carta de despido debe ser coherente con lo comunicado en la audiencia previa y cualquier nueva imputación relevante exige ofrecer al trabajador otra oportunidad de defenderse. 

La segunda novedad relevante es la actualización de las conductas sancionables. Hasta ahora, muchos conflictos relacionados con dispositivos electrónicos, publicaciones en redes sociales o irregularidades en el fichaje debían encajarse en categorías generales, como la indisciplina o la transgresión de la buena fe contractual.

El nuevo acuerdo contempla como falta leve el uso no autorizado del móvil, dispositivos electrónicos o redes sociales durante la jornada, salvo situaciones de emergencia. También gradúa los incumplimientos del registro horario: dos incidencias constituyen falta leve; entre tres y cuatro, grave; y cinco o más, muy grave. Así, aparecer en redes sociales con el uniforme de la empresa sin autorización se considera falta grave, mientras que las conductas de difamación de la empresa o su marca se incluyen entre las muy graves.

Esta regulación facilita la identificación de incumplimientos habituales, pero su tipificación no permite sancionarlos automáticamente. Será necesario acreditar los hechos, respetar las garantías del trabajador y valorar la proporcionalidad de cada medida.

Especial atención merece la obtención de pruebas digitales. Las imágenes, conversaciones o registros utilizados para justificar una sanción deben respetar los derechos fundamentales. De lo contrario, pueden ser rechazados judicialmente.

La modificación incorpora también obligaciones relacionadas con los fenómenos meteorológicos adversos, especialmente relevantes tras la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024.

El acuerdo contempla planes de evacuación por centro de trabajo, equipos de emergencia, formación básica y permisos retribuidos de hasta cuatro días cuando determinadas restricciones oficiales impidan acudir al trabajo.

Respecto a la igualdad, incorpora medidas de protección de las personas LGTBI, obligatorias para las empresas de más de cincuenta trabajadores en los términos previstos por la normativa, y mecanismos para prevenir la discriminación y el acoso. Asimismo, actualiza la clasificación profesional e incorpora la figura del técnico de prevención de riesgos laborales.

La principal aportación del nuevo VI ALEH es que establece reglas más concretas para situaciones que hasta ahora generaban dudas. Pero esa claridad exige revisar procedimientos internos, formar a los responsables de personal y garantizar que las decisiones disciplinarias estén debidamente documentadas.

Una causa justificada no garantiza por sí sola la procedencia de un despido. Los errores de tramitación pueden determinar su improcedencia e incluso su nulidad cuando concurran las circunstancias legalmente previstas.

En este sector donde las decisiones laborales suelen adoptarse con rapidez, anticiparse a los conflictos resulta esencial. La seguridad jurídica que ofrece el acuerdo dependerá, en buena medida, de la capacidad de las empresas para incorporar estas nuevas exigencias a su gestión cotidiana.

Artículo publicado en Cinco Días

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