Abogados penalistas

Un procedimiento penal puede afectar de forma inmediata a la situación personal, profesional o empresarial de quienes intervienen. Una denuncia, una investigación o una citación judicial obligan a conocer qué hechos se están examinando, cuál es la posición procesal de cada persona y qué actuaciones pueden producirse a partir de ese momento.

En Grupo Brío prestamos defensa penal para particulares, empresas y directivos, interviniendo tanto en procedimientos ya iniciados como en situaciones en las que resulta necesario valorar las posibles consecuencias penales de unos hechos.

Defensa penal para particulares, empresas y directivos

El derecho penal abarca conductas y situaciones muy diferentes, por lo que la estrategia jurídica debe partir de los hechos concretos y de la posición que ocupa cada persona dentro del procedimiento. La intervención no es la misma para quien está siendo investigado que para quien ha sufrido unos hechos y pretende ejercer las acciones que le correspondan.

El análisis inicial permite conocer la documentación existente, las actuaciones practicadas y los elementos sobre los que se sustenta el procedimiento. A partir de ahí pueden determinarse las decisiones que deben adoptarse en cada fase y preparar la defensa o acusación atendiendo a la evolución del asunto.

Cuando existe una investigación o acusación

La defensa de una persona investigada exige conocer los hechos que se le atribuyen y los elementos existentes en el procedimiento. Declaraciones, documentos, informes u otras diligencias pueden adquirir relevancia a medida que avanza la investigación.

La intervención de un abogado penalista en Valencia permite ejercer los derechos correspondientes desde las primeras actuaciones. Cuando se produce una detención, la asistencia puede comprender las diligencias policiales y judiciales, atendiendo a la situación procesal, los hechos atribuidos y las actuaciones ya practicadas.

Cuando el asunto afecta a directivos o responsables de una organización, los hechos investigados pueden estar relacionados con decisiones adoptadas en el desarrollo de su actividad profesional. En estos casos resulta necesario diferenciar la actuación de cada persona y determinar las posibles responsabilidades que puedan derivarse de ella.

La empresa también puede verse afectada por un procedimiento penal

Un asunto penal relacionado con una actividad empresarial no siempre afecta exclusivamente a las personas físicas que han intervenido. Dependiendo de los hechos y de las circunstancias concurrentes, la propia persona jurídica puede encontrarse implicada en el procedimiento.

Esto obliga a analizar separadamente la posición de la empresa y la de sus administradores, directivos o trabajadores, especialmente cuando sus intereses no coinciden o pueden aparecer responsabilidades diferentes.

La defensa penal en el ámbito empresarial exige además comprender el contexto en el que se produjeron los hechos: la distribución de funciones, las decisiones adoptadas, los procedimientos internos existentes y la intervención concreta de las personas implicadas pueden resultar relevantes para establecer la posición de cada parte.

En determinados procedimientos, los hechos investigados pueden tener además una dimensión económica, societaria, fiscal o patrimonial que exige examinar documentación contable, operaciones empresariales y decisiones adoptadas dentro de la organización.

Cuando la cuestión se sitúa en una fase preventiva y el objetivo es establecer sistemas internos destinados a reducir riesgos penales antes de que se produzca una incidencia, su tratamiento corresponde específicamente al servicio de compliance y riesgos penales.

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Las distintas fases de un procedimiento penal

Los procedimientos penales pueden atravesar distintas fases y no todos llegan necesariamente a juicio. Durante la investigación se practican actuaciones destinadas a esclarecer los hechos y determinar si existen elementos suficientes para continuar el procedimiento.

La evolución del asunto puede exigir presentar escritos, intervenir en diligencias, proponer actuaciones o responder a las decisiones que se adopten. Si el procedimiento avanza hasta la fase de juicio, la estrategia debe adaptarse al contenido de la acusación y a las pruebas que deban practicarse.

Las resoluciones adoptadas durante el procedimiento o la propia sentencia pueden abrir además la posibilidad de recurso cuando concurran los presupuestos correspondientes. La estrategia debe valorar también esta fase atendiendo al contenido de la resolución y a las cuestiones que puedan ser objeto de revisión.

La posición de quien ha sufrido los hechos

La intervención penal no se limita a la defensa de personas investigadas o acusadas. Quien considera haber sido víctima de un delito puede necesitar asesoramiento para conocer las actuaciones disponibles y la forma de ejercer sus derechos dentro del procedimiento.

Dependiendo de las circunstancias, esta intervención puede incluir el ejercicio de la acusación particular y las reclamaciones que correspondan por las consecuencias derivadas de los hechos, incluida, cuando proceda, la responsabilidad civil derivada del delito.

La naturaleza de los hechos, los elementos que permitan acreditarlos y las consecuencias producidas condicionan la actuación que puede plantearse. La asistencia jurídica permite determinar la posición que corresponde adoptar y mantenerla durante la tramitación del asunto.

Cada procedimiento exige una estrategia propia

Dos asuntos relacionados con una misma categoría penal pueden presentar diferencias importantes en las pruebas disponibles, las personas implicadas y las circunstancias sobre las que deberá resolverse.

Una investigación puede además evolucionar a medida que se practican nuevas diligencias o aparecen otros elementos relevantes. La estrategia jurídica debe responder a esa evolución, manteniendo una visión completa del procedimiento y de las consecuencias que las distintas decisiones pueden tener para la persona o empresa afectada.

La defensa penal acompaña así un procedimiento en el que hechos, pruebas y posiciones procesales pueden cambiar desde las primeras actuaciones hasta su resolución. Identificar qué está siendo investigado y cuál es la posición de cada interviniente permite afrontar cada fase atendiendo a las circunstancias reales del asunto.