El Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, amplía durante todo el año 2026 las medidas extraordinarias de protección dirigidas a personas y hogares en situación de vulnerabilidad social. Entre ellas, se mantiene la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda, así como la prohibición de cortar suministros básicos como electricidad, gas natural y agua.
La prórroga responde a un contexto todavía marcado por el incremento del coste de la vivienda, la dificultad de acceso a alternativas habitacionales y la presión económica que soportan numerosos hogares, especialmente aquellos con menor capacidad financiera.
Suspensión de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026
La norma amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos que afecten a personas y familias vulnerables que no dispongan de una alternativa residencial.
Estas medidas, que se implantaron inicialmente en marzo de 2020 como respuesta a la crisis social derivada de la pandemia, se han ido prorrogando de forma sucesiva ante la persistencia de factores estructurales como la escasez de vivienda asequible y el aumento de los precios del alquiler.
Compensación a arrendadores y propietarios
La prórroga de la suspensión no elimina el derecho de los propietarios a solicitar compensación. El Real Decreto-ley extiende hasta el 31 de enero de 2027 el plazo para que arrendadores y propietarios puedan solicitar la compensación económica prevista cuando la suspensión del desahucio les haya causado un perjuicio.
Este elemento resulta clave para equilibrar la protección social con los derechos de los titulares de los inmuebles afectados.
Garantía de suministro de servicios básicos
El Real Decreto-ley 16/2025 mantiene también hasta el 31 de diciembre de 2026 la prohibición de suspender el suministro de agua, electricidad y gas natural a consumidores en situación de vulnerabilidad.
Aunque se reconoce una cierta moderación en los precios de la energía, el legislador considera que todavía existen colectivos que no pueden cubrir sus necesidades energéticas básicas, lo que justifica la continuidad de estas medidas de protección.
Bono social eléctrico en 2026
Hasta que se implante plenamente la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética con horizonte 2030, se prorrogan los descuentos reforzados del bono social eléctrico durante todo el año 2026:
- 42,5 % de descuento para consumidores vulnerables.
- 57,5 % de descuento para consumidores vulnerables severos.
Estas medidas buscan garantizar el acceso a la energía como servicio esencial mientras se desarrollan soluciones estructurales a medio y largo plazo.
Una protección que sigue siendo excepcional
Aunque la prórroga prolonga medidas extraordinarias, el propio Real Decreto-ley subraya su carácter temporal y excepcional, vinculado a una situación social que todavía no se ha normalizado.
Para arrendadores, empresas suministradoras y administraciones públicas, resulta fundamental conocer el alcance exacto de estas medidas para evitar actuaciones contrarias a la normativa vigente y posibles responsabilidades.
La ampliación de la suspensión de desahucios y de la garantía de suministros básicos hasta finales de 2026 refuerza la protección de los hogares vulnerables, al tiempo que mantiene mecanismos de compensación para los propietarios afectados.
En GRA Consultores asesoramos tanto a particulares como a empresas y propietarios sobre el alcance de estas prórrogas, sus requisitos y las implicaciones jurídicas que conllevan.
