Susana Solís, responsable del Departamento Jurídico Procesal de Grupo Brío, atiende cada año a clientes que afrontan una separación con patrimonio y empresa de por medio, y comprueba que casi todos preguntan lo mismo.
Nuestra experta ha acompañado en muchas ocasiones a personas que afrontan una separación o un divorcio en los que no solo se reparte una casa y unos muebles, sino participaciones sociales, inmuebles de inversión, cuentas en distintas entidades y, muchas veces, el proyecto vital que supone una empresa familiar. En estos procesos, las dudas legales van siempre de la mano de la angustia personal, y ha comprobado que casi todos sus clientes —con independencia de su patrimonio— acaban preguntando lo mismo. Aquí van las respuestas que suele dar, con la prudencia de que cada caso concreto merece un análisis propio.
1. ¿Cuál es el mejor momento del año para separarse?
No existe un mes mágico, pero sí hay factores que conviene valorar antes de dar el paso, especialmente cuando hay empresa o patrimonio relevante:
- Fiscal: el ejercicio del IRPF y la fecha de cierre contable de la sociedad pueden condicionar cómo se valoran participaciones, dividendos o rentas pendientes de reparto. Separarse justo antes o después de un cierre de ejercicio no es indiferente.
- Procesal: agosto y el periodo navideño son, con carácter general, inhábiles para la actividad judicial civil, lo que retrasa la tramitación de cualquier procedimiento contencioso iniciado en esas fechas (aunque no impide prepararlo).
- Familiar: el calendario escolar y las fechas señaladas de los hijos (comuniones, exámenes, viajes) suelen pesar más en la decisión que cualquier cálculo jurídico.
Mi recomendación es no dejar que el calendario decida por miedo o por comodidad, sino planificar el momento con asesoramiento previo, de forma que la estrategia procesal, fiscal y personal vayan alineadas.
2. ¿Qué pasa si me voy de casa?
Es uno de los mitos más extendidos y más dañinos: irse del domicilio familiar no supone, por sí mismo, perder derechos sobre la guarda y custodia de los hijos ni sobre el uso de la vivienda. Lo que sí puede ocurrir es que el hecho consumado (quién se ha quedado con los hijos, quién ocupa la vivienda) se convierta en un argumento de «statu quo» a la hora de fijar medidas provisionales, mientras se resuelve el fondo del asunto.
Antes de seguir, conviene deshacer un equívoco muy frecuente: no es lo mismo abandono del hogar que abandono de familia.
- Abandono del hogar: desde que España cuenta con un sistema de divorcio sin culpa no es delito ni constituye, por sí mismo, ninguna causa legal que penalice a quien se va.
- Abandono de familia (artículo 226 del Código Penal): es un delito distinto, que no sanciona el hecho de irse de casa, sino el incumplimiento de los deberes legales de asistencia —económica o personal— hacia los hijos, ascendientes o el cónyuge que se encuentren necesitados de ella.
Por eso, antes de marcharse conviene:
- Solicitar medidas provisionales previas o simultáneas a la salida.
- Dejar constancia documental de la situación
- Asegurar el acceso futuro a la documentación relevante para la liquidación patrimonial.
- Marcharse sin este respaldo puede complicar después la negociación, aunque legalmente no suponga una renuncia de derechos.
Distinto de ambos es el impago de pensiones (artículo 227 CP): delito específico que castiga dejar de abonar, durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, las pensiones ya fijadas judicialmente.
3. ¿Debo restringir el dinero que le sigo pasando a mi cónyuge e hijos?
Aquí hay que separar dos planos:
- Respecto a los hijos, el deber de alimentos es indisponible: dejar de atender sus necesidades básicas puede tener consecuencias civiles y, en supuestos graves, penales (abandono de familia). Ese grifo no se cierra de forma unilateral.
- Respecto al cónyuge, la respuesta es más matizada: se puede y a veces se debe limitar el acceso a gastos superfluos o extraordinarios, especialmente si se detecta un uso desproporcionado de fondos comunes, pero siempre de forma razonada, documentada y, si es posible, comunicada al otro y a los profesionales que intervengan. Un corte brusco y sin explicación se puede volver en contra en la fase de medidas provisionales, mientras que una reorganización prudente y justificada del gasto suele ser bien entendida por los tribunales.
En patrimonios con empresa familiar, es además el momento de separar con claridad cuentas personales y societarias, si no se había hecho antes.
4. ¿Qué pasa si me pilla agosto o Navidad, cuando los juzgados están cerrados?
Agosto (salvo actuaciones urgentes) y parte del periodo navideño son inhábiles a efectos procesales. Esto significa que la interposición de demandas o la resolución de medidas ordinarias se ralentiza. Pero no significa que esos meses estén perdidos:
Existen juzgados de guardia para actuaciones verdaderamente urgentes (violencia, sustracción de menores, riesgo inminente).
El intento de MASC (negociación, mediación, oferta vinculante) previo y obligatorio en muchos procedimientos civiles y mercantiles no depende de la actividad judicial, por lo que agosto es un buen momento para iniciarlo y ganar tiempo procesal de cara a septiembre.
Es el periodo idóneo para preparar prueba, inventarios patrimoniales y peritajes, de forma que la demanda esté lista para presentarse en cuanto se reanude el curso judicial.
5. ¿Con qué tipo de abogado me voy a sentir más cómodo para llevar una separación?
A lo largo de estos años he llegado a una conclusión clara en asuntos de familia: el perfil cercano, empático y humano es el que mejor sirve a los intereses del cliente. No lo digo como opción cómoda o de trato amable, sino porque es, en mi experiencia, la estrategia más eficaz a medio y largo plazo.
Se puede —y se debe— ser jurídicamente contundente sin dejar de ser una persona cercana y empática. En mi experiencia, cuanto mejor se siente acompañado el cliente, con más serenidad afronta la tensión del proceso, y mejor toma decisiones estratégicas desde la cabeza fría, en lugar de desde el miedo o la rabia del momento.
Además, cuando hay patrimonio, empresa o hijos de por medio, la «victoria» de un día de juicio vale poco si genera un enemigo para los próximos veinte años. Por eso defiendo un modo de trabajar orientado a una solución que perdure en el tiempo, pensada en clave de win-win: un resultado que ambas partes puedan sostener, que no siembre la semilla del próximo pleito y que permita a la familia —aunque ya no sea un matrimonio— seguir funcionando.
Por eso, cuando me preguntan qué perfil de abogado elegir, mi respuesta es clara: el que combina calidez humana con solidez técnica y capacidad real de pelea cuando hace falta. La empatía y el cariño en el trato y la firmeza en la defensa no son incompatibles; son, precisamente, la combinación que mejor funciona.
Cuando además hay empresa o patrimonio complejo, a ese perfil humano hay que añadirle uno técnico: manejarse con soltura en valoración de empresas, fiscalidad y, si hace falta, coordinar peritos económico-forenses. Le recomiendo a mis clientes que, antes de contratar, hablen con el profesional sobre casos similares al suyo, sobre cómo trabaja en equipo con otros expertos, y sobre todo, que valoren si se sienten escuchados y no solo «gestionados».
6. ¿Qué pasa si mi cónyuge está dilapidando el dinero?
Es una de las situaciones más urgentes y más frecuentes en patrimonios elevados. Las herramientas legales existen:
- Medidas cautelares y provisionales (inventario de bienes, embargo preventivo, anotaciones registrales) para frenar disposiciones patrimoniales sospechosas.
- Solicitud de administración judicial de bienes o participaciones sociales en casos graves.
- Documentación exhaustiva de movimientos bancarios y disposiciones, que será clave tanto para las medidas cautelares como para una futura acción de rescisión de actos realizados en fraude de los derechos del otro cónyuge.
Cuanto antes se detecte y se acredite el patrón de dilapidación, más eficaces son estas medidas. La urgencia real puede justificar acudir al juzgado de guardia incluso en periodo inhábil.
7. ¿Qué pasa si mis hijos no quieren venir a dormir conmigo en estas vacaciones, cuando el juzgado está cerrado?
Es una de las situaciones más dolorosas, y conviene actuar con cabeza y no solo con el corazón. Recomiendo:
- No forzar la situación de manera que pueda interpretarse como coacción hacia el menor.
- Documentar el incumplimiento (comunicaciones, testigos, en su caso intervención de fuerzas de seguridad para la entrega si el otro progenitor obstaculiza activamente).
- Reservar la vía de ejecución del convenio o de la sentencia para cuando el juzgado reabra, sin perjuicio de que un incumplimiento reiterado pueda justificar la actuación del juzgado de guardia si hay indicios de riesgo real para el menor.
A medio plazo, si la resistencia del hijo se repite, conviene abordar la causa de fondo —a menudo emocional— con apoyo psicológico o a través de un punto de encuentro familiar, más que limitarse a la vía puramente judicial.
8. ¿Por qué un buen acuerdo es mejor que un mal divorcio, pero por qué en ocasiones es necesario pelear al máximo una pretensión?
Un acuerdo bien negociado suele ser preferible por razones muy concretas: reduce el coste económico y temporal, evita la incertidumbre de un juicio, preserva —hasta donde es posible— la relación entre los progenitores, y con la reforma de los MASC, además, tiene ahora una repercusión directa en costas: rechazar sin motivo una propuesta razonable, o negarse a negociar de buena fe, puede penalizar económicamente incluso a quien gane el pleito.
Dicho esto, hay situaciones en las que ceder no es prudencia sino renuncia:
- Cuando existen indicios de ocultación o dilapidación patrimonial.
- Cuando la seguridad o el bienestar de los hijos está en juego.
- Cuando la otra parte negocia de mala fe, aprovechando una posición de fuerza económica o emocional.
Un mal acuerdo, firmado por cansancio o presión, puede generar más litigios futuros que un proceso bien peleado desde el principio. Parte de mi trabajo es precisamente distinguir cuándo conviene ceder y cuándo conviene sostener la posición con firmeza.
9. ¿Qué se consigue en el futuro con una buena solución?
Más allá del alivio inmediato, una separación bien resuelta suele traducirse en:
Estabilidad económica y menor exposición a litigios patrimoniales posteriores.
Continuidad del negocio o la empresa familiar, sin ventas forzosas ni rupturas societarias traumáticas.
Una relación de coparentalidad viable, que reduce el desgaste emocional de los hijos.
Capacidad real de rehacer la vida —personal, sentimental, profesional— sin la losa de un procedimiento abierto.
Preservación de la reputación y de las relaciones con socios, empleados o clientes del negocio familiar.
10. Los problemas futuros que persisten: alimentos a hijos mayores de edad, nuevas parejas, bodas de los hijos…
El divorcio no cierra el asunto de forma definitiva; abre una nueva etapa de convivencia entre exesposos que puede durar décadas. Algunos frentes que suelen reaparecer:
Alimentos a hijos mayores de edad: la obligación puede mantenerse si el hijo sigue dependiendo económicamente y estudia con aprovechamiento, lo que genera discusiones recurrentes sobre su extinción.
Nuevas parejas: la convivencia estable de un excónyuge con una nueva pareja puede afectar a la pensión compensatoria, y las nuevas parejas del otro progenitor pueden generar tensiones en torno a la custodia o el régimen de visitas.
Hitos familiares futuros (bodas, graduaciones, enfermedades de los hijos): obligan a los exesposos a coincidir y cooperar durante años.
Prever estos escenarios en el convenio, en lugar de dejarlos para cuando surjan, ahorra litigios futuros.
11. El convenio regulador como herramienta para preparar un futuro mejor llevado
Un buen convenio regulador no es solo el documento que resuelve el problema de hoy: es el marco que va a gobernar la relación familiar durante los próximos veinte o treinta años. Por eso conviene que incluya:
Mecanismos claros de actualización de pensiones (referenciadas al IPC u otro índice objetivo).
Reglas precisas sobre gastos extraordinarios (quién decide, cómo se acredita, cómo se reparte).
Protocolos para fechas señaladas y eventos futuros (vacaciones, bodas, comuniones), evitando que cada ocasión especial se convierta en una nueva disputa.
Cláusulas de resolución de conflictos futuros que prioricen la negociación o la mediación antes de volver a los tribunales.
En patrimonios con empresa, previsiones específicas sobre gobierno corporativo, reparto de dividendos futuros o salida de socios.
Un convenio pensado con esta perspectiva de largo plazo no evita todos los conflictos futuros, pero sí ofrece una hoja de ruta que reduce su intensidad y su coste, tanto económico como emocional.
