En los últimos años, la movilidad demográfica ha aumentado considerablemente, lo cual representa un aspecto positivo tanto para los países como para sus economías y su desarrollo en diversos ámbitos. España es uno de los destinos preferidos por su calidad de vida, clima favorable y oportunidades económicas para quienes deciden mudarse, pero antes de dar este paso es fundamental estudiar y comprender las obligaciones fiscales que se deben cumplir en el país, comenzando por el concepto de residencia fiscal, ya que tiene implicaciones directas.
Según la normativa española, en concreto según el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (en adelante, LIRPF) y 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (en adelante, LIRNR), una persona física se considera residente fiscal en España cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:
Si, por último, fuera nacional de ambos Estados, o de ninguno, las autoridades competentes resolverán el caso de común acuerdo.
Acreditar la residencia fiscal en un país es un proceso importante cuando se trata de cumplir con las obligaciones tributarias, especialmente en el contexto de la doble imposición o cuando se tiene que justificar ante las autoridades fiscales.
En el caso de España, el procedimiento para acreditar la residencia fiscal varía dependiendo de la situación, pero generalmente implica presentar pruebas de que se cumple con los requisitos establecidos por la ley.
Aunque la Administración Tributaria manifiesta que la residencia fiscal se acredita mediante certificado expedido por la Autoridad Fiscal competente del país de que se trate. No siempre es una prueba suficiente para la administración.
Otros documentos que pueden servir para justificar su residencia fiscal son empadronamiento, declaración de la renta, documentos laborales o de empresa (contrato de trabajo, alta en la Seguridad Social, presencia de un centro de negocios o actividad económica, etc), extractos bancarios, facturas de tipo periódico, participación en sociedades, prueba de propiedades o alquileres y documentos que demuestren sus relaciones personales y familiares, cómo la matrícula de estudios de los hijos, gastos relacionado con su salud, educación, actividades, etc.
Acreditación de residencia fiscal
La acreditación de residencia fiscal siempre depende de la situación de cada persona, por lo que hay que estudiar y analizar cada caso en profundidad. Pero está claro, que es un concepto clave en el ámbito tributario porque determina en qué país se deben cumplir las obligaciones fiscales y afecta muchos aspectos de la vida financiera, como la declaración de impuestos, los beneficios fiscales, las exenciones aplicables e influye profundamente en las estrategias de planificación fiscal.
.- Que permanezca en España más de 183 días durante el año natural. Para determinar este período de permanencia se computan sus ausencias esporádicas, salvo que acredite su residencia fiscal en otro país.
.- Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.
Es importante destacar que las relaciones personales y familiares juegan un papel crucial en la determinación de la residencia fiscal. Salvo prueba en contrario, se presume que un contribuyente tiene su residencia habitual en España si, según los criterios mencionados, residen habitualmente en territorio español su cónyuge no separado legalmente y sus hijos menores dependientes.
Por lo que, para determinar la residencia fiscal hay que tener en cuenta los días de permanencia en el territorio español, el núcleo principal de intereses económicos y la residencia habitual de cónyuge e hijos en España.
Sin embargo, cuando haya conflicto entre países para su determinación, deberemos acudir a la normativa convencional, aplicando las reglas del Convenio de Doble Imposición (CDI) suscrito entre España y el país en cuestión. Y solo en su defecto, por la inexistencia de convenio de doble imposición, acudiremos a la normativa interna española.
El convenio de doble imposición es un acuerdo entre dos países con el objetivo de evitar que una persona tenga que pagar impuestos sobre el mismo ingreso o patrimonio en ambos países, es decir, evitar la «doble imposición». Estos convenios buscan regular las situaciones en las que un individuo podría estar sujeto a impuestos en más de un país debido a su residencia o a la fuente de los ingresos.
De acuerdo con los convenios, con carácter general, los criterios para considerar la residencia fiscal son los siguientes:
.- Donde tenga una vivienda permanente a su disposición. Si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales).
.- Si así no pudiera determinarse, se considerará residente del Estado donde viva habitualmente.
.- Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado del que sea nacional.
.- Si, por último, fuera nacional de ambos Estados, o de ninguno, las autoridades competentes resolverán el caso de común acuerdo.
Acreditar la residencia fiscal en un país es un proceso importante cuando se trata de cumplir con las obligaciones tributarias, especialmente en el contexto de la doble imposición o cuando se tiene que justificar ante las autoridades fiscales. En el caso de España, el procedimiento para acreditar la residencia fiscal varía dependiendo de la situación, pero generalmente implica presentar pruebas de que se cumple con los requisitos establecidos por la ley.
Aunque la Administración Tributaria manifiesta que la residencia fiscal se acredita mediante certificado expedido por la Autoridad Fiscal competente del país de que se trate. No siempre es una prueba suficiente para la administración.
Otros documentos que pueden servir para justificar su residencia fiscal son empadronamiento, declaración de la renta, documentos laborales o de empresa (contrato de trabajo, alta en la Seguridad Social, presencia de un centro de negocios o actividad económica, etc), extractos bancarios, facturas de tipo periódico, participación en sociedades, prueba de propiedades o alquileres y documentos que demuestren sus relaciones personales y familiares, cómo la matrícula de estudios de los hijos, gastos relacionado con su salud, educación, actividades, etc.
La acreditación de residencia fiscal siempre depende de la situación de cada persona, por lo que hay que estudiar y analizar cada caso en profundidad. Pero está claro, que es un concepto clave en el ámbito tributario porque determina en qué país se deben cumplir las obligaciones fiscales y afecta muchos aspectos de la vida financiera, como la declaración de impuestos, los beneficios fiscales, las exenciones aplicables e influye profundamente en las estrategias de planificación fiscal.
Veronika Barkovskaja, consultora fiscal en GRA Consultores.
Publicado en Confilegal.
