El Real Decreto-ley 1/2025, aprobado el 28 de enero de 2025 y publicado en el BOE el 29 de enero, incorpora una serie de medidas urgentes en materia económica, de transporte, Seguridad Social y protección a colectivos vulnerables. Esta norma recoge la mayoría de las disposiciones del anterior RDL 9/2024, que no obtuvo el respaldo parlamentario necesario, aunque introduce cambios relevantes para mejorar su viabilidad y aplicabilidad.
Entre las novedades más destacadas se incluyen la revalorización de pensiones, ayudas a municipios afectados por desastres naturales, medidas para el transporte público y la creación de un sistema de avales públicos para propietarios e inquilinos.
A continuación, analizamos los puntos clave de esta norma y su impacto en empresas, trabajadores y ciudadanos.
- Medidas económicas y financiación territorial
- Prórroga del control de inversiones extranjeras hasta el 31 de diciembre de 2026 en sectores estratégicos.
- Exención de pérdidas contables para empresas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana hasta 2026.
- Financiación especial para la Comunidad Valenciana para cubrir gastos derivados de desastres naturales.
- Transporte y movilidad
- Bonificaciones directas al transporte público entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025:
- Gratuidad total para menores de 14 años.
- Descuento del 50 % en títulos de transporte joven.
- Descuento del 20 % en abonos generales y multiviaje.
- Descuentos en transporte ferroviario: hasta un 50 % en AVANT y tarifas reducidas en Cercanías y Media Distancia.
- Fomento de la movilidad sostenible, con ayudas para la compra de bicicletas eléctricas y distribución urbana ecológica.
- Beneficios específicos para Canarias y Baleares, con abonos gratuitos y bonificaciones en transporte marítimo y aéreo.
- Seguridad Social y empleo
- Revalorización de pensiones contributivas y no contributivas en un 2,8 %, con garantía de mantenimiento del poder adquisitivo.
- Pensiones mínimas y límite máximo, con ajustes en las cuantías y nuevas condiciones para orfandad y viudedad.
- Actualización de bases de cotización, con incrementos del tope máximo y mínimo.
- Cotización adicional de solidaridad, aplicable a rentas altas por encima de la base máxima.
- Regulación de los ERTEs y mantenimiento del empleo en empresas que reciben ayudas públicas.
- Protección de colectivos vulnerables y vivienda
- Prórroga de la suspensión de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2025 para hogares en situación de vulnerabilidad.
- Compensaciones a arrendadores afectados por la suspensión de desalojos, gestionadas por las Comunidades Autónomas.
- Creación de un sistema público de avales, con el Estado como garante para jóvenes y familias vulnerables en el alquiler de vivienda.
- Acceso garantizado a suministros básicos
- Bono social eléctrico con descuentos del 50 % para consumidores vulnerables y del 65 % para vulnerables severos.
- Prohibición de cortes de luz y agua para familias en riesgo de exclusión social hasta el 31 de diciembre de 2025.