Nuevas medidas urgentes en economía, transporte y Seguridad Social: claves del Real Decreto-ley 1/2025 

Grupo Brio

febrero 6, 2025

El Real Decreto-ley 1/2025, aprobado el 28 de enero de 2025 y publicado en el BOE el 29 de enero, incorpora una serie de medidas urgentes en materia económica, de transporte, Seguridad Social y protección a colectivos vulnerables. Esta norma recoge la mayoría de las disposiciones del anterior RDL 9/2024, que no obtuvo el respaldo parlamentario necesario, aunque introduce cambios relevantes para mejorar su viabilidad y aplicabilidad. 

Entre las novedades más destacadas se incluyen la revalorización de pensiones, ayudas a municipios afectados por desastres naturales, medidas para el transporte público y la creación de un sistema de avales públicos para propietarios e inquilinos. 

A continuación, analizamos los puntos clave de esta norma y su impacto en empresas, trabajadores y ciudadanos. 

 

  1. Medidas económicas y financiación territorial
  • Prórroga del control de inversiones extranjeras hasta el 31 de diciembre de 2026 en sectores estratégicos. 
  • Exención de pérdidas contables para empresas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana hasta 2026. 
  • Financiación especial para la Comunidad Valenciana para cubrir gastos derivados de desastres naturales. 

 

  1. Transporte y movilidad
  • Bonificaciones directas al transporte público entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025: 
  • Gratuidad total para menores de 14 años. 
  • Descuento del 50 % en títulos de transporte joven. 
  • Descuento del 20 % en abonos generales y multiviaje. 
  • Descuentos en transporte ferroviario: hasta un 50 % en AVANT y tarifas reducidas en Cercanías y Media Distancia. 
  • Fomento de la movilidad sostenible, con ayudas para la compra de bicicletas eléctricas y distribución urbana ecológica. 
  • Beneficios específicos para Canarias y Baleares, con abonos gratuitos y bonificaciones en transporte marítimo y aéreo. 

 

  1. Seguridad Social y empleo
  • Revalorización de pensiones contributivas y no contributivas en un 2,8 %, con garantía de mantenimiento del poder adquisitivo. 
  • Pensiones mínimas y límite máximo, con ajustes en las cuantías y nuevas condiciones para orfandad y viudedad. 
  • Actualización de bases de cotización, con incrementos del tope máximo y mínimo. 
  • Cotización adicional de solidaridad, aplicable a rentas altas por encima de la base máxima. 
  • Regulación de los ERTEs y mantenimiento del empleo en empresas que reciben ayudas públicas. 

 

  1. Protección de colectivos vulnerables y vivienda
  • Prórroga de la suspensión de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2025 para hogares en situación de vulnerabilidad. 
  • Compensaciones a arrendadores afectados por la suspensión de desalojos, gestionadas por las Comunidades Autónomas. 
  • Creación de un sistema público de avales, con el Estado como garante para jóvenes y familias vulnerables en el alquiler de vivienda. 

 

  1. Acceso garantizado a suministros básicos
  • Bono social eléctrico con descuentos del 50 % para consumidores vulnerables y del 65 % para vulnerables severos. 
  • Prohibición de cortes de luz y agua para familias en riesgo de exclusión social hasta el 31 de diciembre de 2025.