Ninguna empresa quiere verse en esta situación, pero es más común de lo que parece: se entrega el pedido, se emite la factura… y el cliente no paga. Tras varios intentos de cobro amistoso, llega el momento de plantear la vía judicial.
Aquí surge una cuestión clave: no basta con tener razón, hay que poder demostrarla. La reclamación de un impago se gana con documentos, no con la memoria. Por eso, antes de acudir a los tribunales, conviene recopilar toda la prueba que acredite la existencia de la operación, el cumplimiento de nuestra parte y el incumplimiento de la otra.
Documentos imprescindibles en un procedimiento judicial por impago
- Prueba de la relación contractual
Contratos, presupuestos firmados, pedidos aceptados o, en su defecto, correos electrónicos que acrediten la aceptación. Los albaranes firmados son especialmente valiosos.
- Facturas y constancia del impago
La factura es la base de la reclamación. Debe acompañarse de extractos bancarios, pagarés devueltos, cheques rechazados o protestos que acrediten la falta de pago.
- Reclamaciones previas
Correos, burofax o cartas enviadas por la empresa o por el abogado. Demuestran que se intentó resolver el conflicto antes de acudir a los tribunales.
- Información sobre el deudor
Antes de demandar, conviene conocer la solvencia del deudor. Un informe comercial puede evitar iniciar un procedimiento contra quien no tiene bienes embargables.
Elección del procedimiento
- Juicio monitorio: para reclamar facturas, contratos y albaranes.
- Juicio cambiario: para cheques, pagarés o letras.
Un expediente bien ordenado permite al abogado y al juez tramitar el asunto con agilidad.
IVA de facturas impagadas
Aunque el IVA debe declararse, existe la posibilidad de recuperarlo si se cumplen los plazos y se formaliza la reclamación judicial.
Reclamar judicialmente un impago nunca es una decisión agradable, pero puede ser inevitable. La clave está en preparar un dossier documental sólido que hable por sí mismo ante el juez. De este modo, aumentan las posibilidades de éxito, se reducen los tiempos del procedimiento y se evita que la deuda se convierta en un problema crónico.
