Cada ejercicio la Agencia Tributaria define sus líneas de actuación, pero el plan de 2026 introduce un elemento que marca un salto cualitativo: la intensidad del control no viene tanto por nuevas obligaciones, sino por la capacidad de cruzar información en tiempo real.
La publicación del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero confirma una tendencia que ya venía consolidándose: menos inspección tradicional y más análisis masivo de datos. En este escenario, el riesgo no está tanto en cometer un error puntual como en que ese error sea detectado automáticamente por incoherencia con otras fuentes de información.
Un modelo basado en información continua
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de nuevos flujos de información financiera con carácter mensual. Esto incluye datos sobre cuentas bancarias, medios de pago, tarjetas o incluso operaciones digitales.
El resultado es un sistema con mayor capacidad de anticipación. Hacienda ya no necesita esperar a una comprobación para detectar inconsistencias. Puede identificarlas en fases tempranas, antes incluso de que se consolide una conducta irregular.
La digitalización de la asistencia al contribuyente también juega un papel en este modelo. Herramientas como asistentes virtuales o plataformas integradas permiten agilizar trámites, pero al mismo tiempo generan un histórico de datos que refuerza la capacidad de control.
Comercio electrónico y plataformas digitales bajo vigilancia
El comercio electrónico será uno de los principales focos de atención en 2026. La Agencia Tributaria reforzará el cruce de información procedente de plataformas digitales, pagos internacionales y datos aduaneros.
Este control se intensifica tras la eliminación de la franquicia de 150 euros en importaciones, lo que amplía el ámbito de supervisión sobre operaciones de menor importe.
Además, se prestará especial atención a operadores que aparentan operar desde la Unión Europea sin una presencia real, así como al uso incorrecto de regímenes como la ventanilla única en operaciones intracomunitarias.
Nuevas áreas de control: neobancos, redes sociales y economía informal
Otro ámbito que gana protagonismo es el seguimiento de nuevas formas de actividad económica. El uso de neobancos, la generación de ingresos a través de redes sociales o la ausencia de medios de pago electrónicos serán objeto de análisis específico.
La Agencia Tributaria prevé intensificar las visitas y comprobaciones en sectores donde exista mayor riesgo de economía sumergida, especialmente en actividades que no utilizan terminales de pago o que presentan incoherencias entre ingresos declarados y nivel de actividad.
El objetivo es aflorar rentas que no se integran correctamente en el sistema tributario.
El sector inmobiliario vuelve al centro del control
Tras el repunte del mercado inmobiliario, Hacienda vuelve a situar este sector como una de sus prioridades.
El control se centrará en varios aspectos, entre ellos la correcta declaración de alquileres, especialmente los turísticos, la utilización de subcontratas, la valoración de inmuebles en operaciones de transmisión y la actividad de intermediación.
Las plataformas digitales y la colaboración con otras administraciones permitirán detectar discrepancias entre los ingresos reales y los declarados.
Patrimonios elevados y sociedades instrumentales
La Agencia Tributaria también intensificará el análisis sobre personas con patrimonios elevados, especialmente en aquellos casos en los que exista una falta de coherencia entre el nivel de vida y las rentas declaradas.
Se prestará especial atención al uso de sociedades interpuestas para canalizar gastos personales o reducir la tributación en el IRPF o en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Este tipo de estructuras será objeto de revisión cuando no respondan a una actividad económica real.
Un control más preventivo que reactivo
El Plan de 2026 consolida un modelo de control que prioriza la prevención frente a la reacción. La combinación de información masiva, herramientas digitales y análisis automatizado permite a la Administración actuar antes de que las irregularidades se consoliden.
En este contexto, la coherencia fiscal adquiere un papel central. No se trata únicamente de cumplir con cada obligación individual, sino de asegurar que el conjunto de la información declarada es consistente.
La tendencia es clara: menos margen para la improvisación y mayor necesidad de planificación.
