Abrir una cuenta bancaria es una gestión cotidiana para la mayoría de las personas. Sin embargo, para determinados colectivos, este trámite puede convertirse en un auténtico obstáculo. Alertas de riesgo, controles de prevención de blanqueo de capitales o determinadas circunstancias personales pueden llevar a una entidad financiera a rechazar la apertura de una cuenta, incluso cuando se trata de una cuenta de pago básica.
Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 11 de junio de 2026, recuerda que las entidades financieras no pueden basar estas decisiones únicamente en criterios automáticos o en la mera existencia de factores de riesgo.
La resolución llega en un contexto en el que los controles relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son cada vez más exigentes. Las entidades financieras están obligadas a identificar riesgos, verificar información y aplicar medidas de diligencia reforzada cuando sea necesario.
Ahora bien, el cumplimiento de estas obligaciones no permite prescindir del análisis individualizado de cada situación.
El enfoque basado en el riesgo
La normativa europea se basa en un principio esencial: el enfoque basado en el riesgo. Esto significa que la entidad debe evaluar las circunstancias concretas del cliente, el origen de los fondos, la naturaleza de la relación de negocio o la posibilidad de aplicar medidas de control adecuadas.
La finalidad no consiste en excluir automáticamente a cualquier persona que presente algún indicador de riesgo, sino en determinar si ese riesgo puede gestionarse de forma proporcionada.
La cuestión adquiere una especial relevancia cuando hablamos de cuentas de pago básicas. La legislación europea reconoce el derecho de las personas que residen legalmente en la Unión Europea a acceder a determinados servicios financieros esenciales.
Disponer de una cuenta bancaria resulta hoy imprescindible para desarrollar una actividad económica normal. Cobrar una nómina, recibir prestaciones, domiciliar recibos o realizar pagos habituales depende, en gran medida, del acceso a estos servicios.
Por ese motivo, cualquier limitación a este derecho debe estar suficientemente justificada.
La sentencia del TJUE analiza precisamente un supuesto en el que una entidad financiera había denegado la apertura de una cuenta básica debido a la inclusión del solicitante en una lista de sanciones elaborada por un tercer país. El Tribunal considera que esa circunstancia, por sí sola, no basta para justificar automáticamente la negativa.
Antes de adoptar una decisión de este tipo, la entidad debe realizar una evaluación individualizada del riesgo y valorar si existen medidas razonables que permitan gestionarlo. Solo cuando esa gestión resulte inviable podrá justificarse la denegación de la cuenta.
La resolución no cuestiona la importancia de la prevención del blanqueo de capitales ni reduce las obligaciones de control que pesan sobre el sector financiero. Lo que exige es que esas obligaciones se apliquen de forma proporcionada y razonada.
Documentar adecuadamente
Además, pone de relieve otro aspecto relevante: la necesidad de documentar adecuadamente las decisiones adoptadas. Cuando una entidad decide no iniciar una relación de negocio, debe estar en condiciones de acreditar que la medida responde a una evaluación real y fundamentada, y no a una simple aplicación automática de filtros internos.
Esta exigencia de trazabilidad y justificación adquiere cada vez más importancia en un entorno donde los sistemas automatizados participan de forma creciente en los procesos de decisión.
La sentencia constituye un recordatorio de que la lucha contra el blanqueo de capitales y la protección de los derechos de los consumidores no son objetivos incompatibles. El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio entre ambos intereses.
La seguridad del sistema financiero exige controles eficaces. La seguridad jurídica exige que esos controles se apliquen tras analizar cada caso concreto. Precisamente, hacia ese equilibrio apunta la doctrina que está consolidando la Justicia Europea.
